El Juzgado 16 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Barranquilla declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por el abogado Carlos Felipe Morales, representante del Ministerio de Educación, que pretendía que no surtiera efecto el restablecimiento de derechos de Silvia Gette Ponce en la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe.

La decisión inicial del Juzgado Segundo Penal Municipal de Control de Garantías restableció los derechos a Silvia Gette Ponce para que asuma de nuevo la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe. 

El Juzgado 16 en el fallo se preguntó si resultaba procedente la acción de tutela interpuesta por el Ministerio de Educación contra el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías cuando el mismo Ministerio contaba con el recurso de apelación ya interpuesto y en trámite ante un juzgado superior. 

La pregunta fue resuelta y dijo que no es procedente porque precisamente ese recurso de apelación es el mecanismo ordinario idóneo y eficaz para la protección del derecho fundamental al debido proceso invocado. 

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“Esta agencia judicial sostendrá como tesis negativa, habida cuenta de que la acción de tutela es improcedente por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, toda vez que el accionante cuenta con el recurso de apelación como mecanismo ordinario idóneo y eficaz para la protección del derecho invocado, el cual se encuentra actualmente en trámite ante el superior funcional del Juzgado accionado, y no se acreditaron los presupuestos del perjuicio irremediable que habilitarían su uso como mecanismo transitorio”, detalló el juez en el fallo.

Al considerarse improcedente, el juez ordenó levantar la medida provisional concedida el 14 de abril anterior que había ordenado suspender los efectos de la decisión del Juzgado Segundo, el pasado 8 de abril, mientras se estudiaba de fondo la acción de tutela.

La defensa de Silvia Gette, Bianith Bohórquez, consiguió establecer en todos los sentidos que su cliente tiene derecho y que es procedente el restablecimiento del mismo.

Hay que recordar que el Juez Segundo Penal Municipal decidió el pasado 8 de abril conceder el restablecimiento de derecho a Silvia Gette Ponce tras considerar que fue víctima en el proceso que lleva la Fiscalía contra Ramsés Vargas Lamadrid y algunos integrantes del Consejo Directivo de la Universidad, en el año 2013, por presunta manipulación en actas y estatutos para que Vargas Lamadrid asumiera la rectoría de la Universidad sin los requisitos y de paso sacar definitivamente a Gette Ponce del cargo.

Vargas Lamadrid y los directivos no aceptaron cargos tras ser imputados por la Fiscalía.